01 de mayo fue de protesta para telefonistas y trabajadores del Monte de Piedad
con la exigencia de mejorar las condiciones laborales, trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y del Nacional Monte de Piedad, conmemoraron el Día del Trabajo con una protesta en la que expusieron sus demandas laborales y sociales.
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad se pronunciaron por la solución de los conflictos laborales que permanecen sin resolver desde hace varios meses, como el que a ellos los mantiene en huelga.
Ignacio Ramírez Céspedes, dirigente de la Sección 8, enfatizó la urgente necesidad de fortalecer el diálogo entre las autoridades y los sectores productivos para solucionar los conflictos que permanecen sin resolver.
Trabajadores piden reducción de carga fiscal y establecimiento de semana laboral de 40 horas
Indicó también que es necesario un órgano que coordine políticas públicas y garantice la participación de organizaciones sociales en decisiones clave como lo es la revisión del T-MEC.
Los trabajadores expusieron demandas como la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el incremento de prestaciones como el aguinaldo, así como la implementación de un seguro de desempleo.
Rechazaron el outsourcing y solicitaron la reducción de la carga fiscal sobre las prestaciones laborales. Resaltaron que no puede haber justicia social mientras los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo y derechos fundamentales.
Otra de las exigencias fue la instauración de la semana laboral de 40 horas con pago de 56, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, además de la garantía de una negociación colectiva efectiva.
Hicieron énfasis en la importancia de reforzar la soberanía en sectores estratégicos como el energético, alimentario, hídrico y digital, e impulsar infraestructura que permita aprovechar la relocalización de inversiones.
Exigieron una auditoría a las Afores, respeto a los derechos humanos, que cese la persecución contra manifestantes, así como la liberación de personas a quienes se considera ‘presos de conciencia’.
En México, más del 55% de la población ocupada está en la informalidad laboral, lo que los limita en el acceso a seguridad social y prestaciones que marca la ley para quienes tienen un trabajo formal, de acuerdo con Inegi.
