La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para tipificar el reclutamiento forzado de personas como delito, con penas de hasta 25 años de prisión en los casos agravados, además de multas económicas, informó el diario Reforma este martes 20 de octubre de 2026.

Con 419 votos a favor, el Pleno aprobó adicionar un capítulo denominado “Del Reclutamiento Forzado de Personas” a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

La modificación contempla penas de 10 a 20 años de prisión y multas de cinco mil a 50 mil días para quien, por medios impresos, electrónicos o cualquier otro, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de la delincuencia organizada, con engaño o sin él.

Cuando el reclutamiento se realice mediante intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral, o abuso de poder, las sanciones aumentarán a 15 a 25 años de prisión y multas de 10 mil a 80 mil días.

Reclutamiento de menores será considerado forzado

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes será considerado reclutamiento forzado, independientemente de los medios utilizados para incorporarlos a organizaciones criminales.

Las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad cuando la persona responsable trabaje o haya trabajado en una empresa de seguridad privada, tenga acceso a información confidencial, utilice capacitación o adiestramiento para cometer el delito, o haya pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente.

Durante la discusión, legisladores de distintas bancadas señalaron la necesidad de fortalecer las herramientas legales para investigar y sancionar a quienes incorporen a personas a grupos delictivos.

La diputada panista Noemí Luna afirmó que factores como la pobreza, el abandono escolar, la desintegración familiar y la falta de oportunidades pueden aumentar la vulnerabilidad de las personas ante el reclutamiento criminal.

También citó estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según las cuales al menos 30 mil menores de edad participan en México en actividades vinculadas con la delincuencia organizada. Añadió que entre 155 mil y 250 mil menores estarían en riesgo de ser captados por estos grupos.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano Pablo Vázquez Ahued consideró que la reforma puede contribuir al combate de la delincuencia organizada y facilitar que las fiscalías investiguen estos casos.

La priista Socorro Jasso destacó que considerar como forzado todo reclutamiento de menores permitirá sancionar estas conductas sin que sea necesario acreditar el uso de amenazas o violencia para incorporarlos a organizaciones criminales.

Reforma contempla agravantes y colaboración con autoridades

La diputada morenista Elena Segura explicó que las modificaciones también contemplan circunstancias agravantes relacionadas con conductas como tortura, violencia sexual, privación de la libertad y lesiones, así como supuestos vinculados con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas.

Además, se prevé la posibilidad de reducir las penas hasta en una tercera parte cuando las personas responsables o participantes proporcionen información relevante, corroborada mediante otros datos o pruebas, que contribuya a esclarecer los hechos o identificar a otros implicados.

De acuerdo con los argumentos expuestos durante el debate, incorporar este delito en una ley general busca facilitar su persecución en todo el país, incluso cuando el reclutamiento y la explotación de las víctimas ocurran en entidades diferentes.

La aprobación de la reforma representa un cambio en el marco legal para sancionar el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales. El alcance de las nuevas disposiciones dependerá de su proceso legislativo posterior y de su aplicación por parte de las autoridades competentes.