El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo este miércoles que las autoridades no le «van a intimidar», ante la orden de captura en su contra por presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del actual mandatario, Rodrigo Paz.
«Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado», escribió Morales (2006-2019) en X.
A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarle «de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción».
«No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos», agregó.
La Fiscalía investiga a Morales por los delitos de «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos».
El caso, que incluye a otros dos dirigentes sindicales, fue abierto por una denuncia presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno (Interior).
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos supuestamente afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz.
